PRI, nueva (de)generación

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una imagen dice más que mil palabras. La elocuente fotografía publicada en la página 15 de Proceso (2011) la semana pasada muestra al entonces flamante presidente, Enrique Peña Nieto, rodeado de sus sonrientes correligionarios en pleno disfrute de las mieles del poder. Me pregunto a cuánto ascenderá el monto del erario que han llevado a sus bolsillos, abusando con rapacidad incontenible de los cargos que ostentan u ostentaron. Se siente el espíritu de cuerpo, la solidaridad inquebrantable con los principios fundamentales de su partido: “La moral es un árbol que da moras y vale para una pura chingada” (Gonzalo N. Santos) y “Un político pobre es un pobre político” (Carlos Hank González).

¡Están todos arrestados!, exclamo en silencio al imaginar los barrotes de la escalera del fondo cubriendo a todos los orondos personajes que se sienten y actúan como dueños del país, no como sus servidores. ¿Cuántos años de cárcel sumarían los ufanos sujetos ahí retratados si realmente se les aplicara la ley? Tal vez no sean todos los que están y ciertamente no están todos los que son, pero el retrato de la cofradía tricolor exalta la nostalgia de justicia.

 ¡La familia del Partido Revolucionario Institucional sigue en pie! Fiel a sus convicciones de garantizar la impunidad de los camaradas y socios hasta la ignominia (o hasta que sean arrestados en el extranjero). Complicidad obliga. “Aunque si me agarran, protege a mi familia y yo no digo lo que sé de ti”, parece susurrar el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien aun después de haber sido detenido en Guatemala no ha perdido su sardónica sonrisa. Algo sabrá. Parece seguro del valor de su silencio. Además, su cinismo lo fortalece.

Desmemoriado, el presidente dice no recordar haber nombrado a su generoso (ex)amigo “Javi” como ejemplo de “la nueva generación del PRI”, junto con “Beto” Borge, exgobernador de Quintana Roo, quien antes de abandonar el poder armó su “paquete de impunidad transexenal” y, aunque se desconoce su paradero, aun cuenta con 44 escoltas y 12 vehículos oficiales, así como una impunidad más valiosa que todo lo que se robó; y a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, también prófugo de la justicia por su corrupción y desfachatez insuperable.

En primera fila, de izquierda a derecha aparecen también: Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, hoy diligente operador de campaña del candidato priista a sucederlo, cueste lo que cueste. En seguida, sumido en su impasible disimulo, Rodrigo Medina, entonces gobernador de Nuevo León, quien estuvo preso sólo 18 horas, aunque sigue enfrentando un juicio acusado de peculado y daño al patrimonio estatal; Andrés Granier, otrora gobernador de Tabasco, hoy preso, también acusado de corrupción; Juan Sabines Guerrero, hoy exgobernador de Chiapas, otro de los beneficiarios de la impunidad otorgada por el gobierno de Peña Nieto, premiado con el consulado en Orlando, Florida, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación presentó desde noviembre de 2013 ante un juzgado de distrito un reporte de presuntas irregularidades financieras detectadas durante la gestión de Sabines por 40 mil millones de pesos. A su izquierda, la ya mencionada dupla Duarte, saboreando su desmedida codicia, cuyo fin y castigo están cerca.

Al presidente Peña Nieto se le ve complacido, con la imperturbabilidad que le confieren su investidura y su entrenamiento histriónico. Detrás, el entonces mandatario de Michoacán, Fausto Vallejo, cuyo expediente se encuentra en la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, donde se analiza su posible expulsión (Jesús Reyna, quien fuera gobernador interino de Michoacán cuando Vallejo pidió licencia por razones de salud, fue detenido por la Procuraduría General de la República en abril de 2104, acusado de establecer compromisos con Los Caballeros Templarios); enseguida, el ya referido Roberto Borge, en pleno despliegue de su desvergüenza, y Rubén Moreira, en aquel tiempo gobernador de Coahuila, de mañas y alcurnia familiares aún por desvelarse, en el goce que procura la inmunidad. En la parte superior de la fotografía aparece Egidio Torres Cantú, quien gobernaba Tamaulipas, también aficionado a los lujos palaciegos y a las amistades peligrosas, e igualmente intocado por la justicia. Hasta ahora. Y ya no sigo la enumeración, que no pretende ser exhaustiva. (Tomo la información del estupendo reportaje de José Gil Olmos).

En ese retrato de familia está plasmada con prístina fidelidad lo que ha sido y es el partido que hoy ha vuelto a (des)gobernar y a desmadrar al país debido al masoquismo del electorado mexicano, mencionado por Mario Vargas Llosa tras el retorno del tricolor al poder. ¿Es ése el gobierno que merece México? Me niego a aceptarlo. Dudo que los ciudadanos de este país gocemos del maltrato que nos han propinado nuestros gobernantes. Más bien estamos hartos de su ineptitud, de su inmoralidad pública y de su cinismo sin par.

La clase de políticos que hemos padecido ha estado muy por debajo de la responsabilidad histórica que le hemos conferido con nuestro voto o nuestra negativa a sufragar. Ello revela que quienes acceden a las altas esferas del poder no han sido los más aptos ni los más rectos, sino los más ambiciosos de poder y riqueza, así como los más habilidosos para escalar dentro de las estructuras partidarias, allegándose aliados políticos y financieros. Y ello también muestra que, dentro de las mediocres opciones que nos han presentado los partidos, los electores hemos escogido, en el mejor de los casos, a los menos malos. A esa circunstancia es necesario agregar que nuestros procesos comiciales casi nunca han sido libres y equitativos, sino que han estado plagados de irregularidades cada vez más ingeniosas y peligrosas, como lo es la infiltración del narcotráfico en elecciones y gobiernos plasmada en la fotografía de la congregación priista.

En los próximos comicios del Estado de México, Coahuila y Nayarit –así como en los de 2018– la nueva (de)generación del PRI merece ser derrotada. Basta de caquistocracia cleptocrática.

Este análisis se publicó en la edición 2112 de la revista Proceso del 23 de abril de 2017.