La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) “no tiene la mínima voluntad de investigar para esclarecer el caso de desaparición forzada de nuestros padres (Alejandro Antonio Avendaño Coello y Esperanza del Carmen Coutiño Salazar), ya que todas sus acciones se han encaminado a retardar la detención del probable sospechoso”, denunciaron Faustino y Alejandra Avendaño Coutiño.
Acompañados de varios de sus familiares, los hijos de la pareja desaparecida arribaron hoy a esta capital para ofrecer una conferencia de prensa y demandar al gobernador Manuel Velasco Coello que exija al procurador Raciel López Salazar que cumpla con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de la desaparición de sus padres.
Señalaron que la justicia les ha cerrado las puertas en Chiapas, pero ellos agotarán todas las instancias locales y de ser posible acudirán a las nacionales e incluso internacionales, porque “no es justo que el sistema de procuración de justicia nos dé la espalda”.
La pareja desapareció la tarde del 28 de abril de 2016, cuando circulaba por el crucero La Campana rumbo a Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza, para visitar a Octavio Nájera Guillén, quien les debía un dinero.
Al día siguiente, Faustino y Alejandra fueron enterados de que la policía municipal de Venustiano Carranza había encontrado la camioneta de sus padres en medio de unos campos de caña, totalmente calcinada.
De inmediato, los hijos de la pareja presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) del fuero común del municipio por la posible comisión de hechos delictuosos en contra de sus progenitores.
El agente del MP inició el registro de atención R.A. 0028-106-0413-2016 por el delito de desaparición de personas y ordenó a la Policía Especializada una exhaustiva investigación, y a la Subdirección de Servicios Periciales que realizara el avalúo de daños, toma de placas fotográficas y la recolección de indicios en el vehículo marca Toyota tipo Tacoma rojo, con placas de circulación DC-54294 del estado de Chiapas, donde viajaban las víctimas.
De acuerdo con Leonel Rivero, abogado de Faustino y Alejandra, los elementos de la Policía Municipal de Venustiano Carranza que llegaron al sitio donde se encontraba el vehículo calcinado no resguardaron la escena del crimen. Sobre la recolección de indicios, agregó, lo hicieron sin las medidas adecuadas para preservar la cadena de custodia. Incluso los policías mostraron a los hijos de la pareja los restos calcinados de unos teléfonos celulares que nunca fueron incorporados como evidencia y luego desaparecieron.
La Policía Municipal hizo el traslado de la camioneta a un corralón de la localidad de Pujiltic, en Venustiano Carranza, sin la autorización del Ministerio Público, y con ello se destruyeron evidencias importantes, añadió.
En mayo pasado, Faustino y Alejandra se entrevistaron con el gobernador Manuel Velasco Coello, quien de inmediato los puso en contacto con el procurador Raciel López Salazar, y éste se comprometió a resolver el caso de la desaparición de sus padres.
López Salazar comisionó al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos en Materia de Secuestro, Alí Reybel Arista Chávez, para que se hiciera cargo de la investigación.
De acuerdo con los hijos de las víctimas, desde las primeras actuaciones realizadas por el MP se encontraron indicios de la probable participación de Octavio Nájera Guillén en la desaparición de sus padres.
Además, desde antes de la desaparición de la pareja, en los archivos de la PGJE existía el registro de una orden de aprehensión contra Nájera Guillén por el delito de secuestro, sin embargo, actuaba libremente sin ser molestado por las autoridades e incluso presidía la asociación de cañeros, Camex.
En septiembre de 2016 el fiscal realizó un cateo en el domicilio del presunto responsable y obtuvo evidencias incriminatorias que confirmaron su probable participación en la desaparición de Alejandro Antonio Avendaño Coello y Esperanza del Carmen Coutiño Salazar.
“Incluso nosotros sabemos, por el dicho de algunas personas y por constarnos personalmente, que Octavio Nájera Guillén se mueve libremente por los municipios de Comitán, Pujiltic, Socoltenango, La Trinitaria y Frontera Comalapa, y nuestros asesores legales entregaron a la Fiscalía datos concretos de domicilios del sospechoso y la camioneta que utiliza para trasladarse, pero el fiscal Alí Reybel Arista Chávez no ha realizado ninguna acción eficaz para detenerlo”, señaló Faustino en conferencia de prensa.
Refirió que el fiscal puso como excusa que en “los lugares en los que se mueve el probable responsable no puede entrar la policía porque están controlados por delincuentes”.
Frente las graves deficiencias en la investigación, el pasado 15 de julio los hermanos Avendaño Coutiño denunciaron ante la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR), con sede en San Cristóbal de las Casas, la desaparición de su progenitores, y se inició la carpeta de investigación FED/CHIS/SLC/000816/2016.
El 19 del mismo mes tuvieron una reunión con la titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y ese mismo día el agente del Ministerio Público Federal de la Subdelegación giró un oficio a la fiscal para solicitar su colaboración en la búsqueda de Alejandro Antonio y Esperanza del Carmen.
De acuerdo con los denunciantes, la Fiscalía ha realizado varias actuaciones encaminadas a la localización de sus padres, sin que hasta la fecha haya resultados favorables.
En enero pasado recurrieron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para exponer la situación, y éste habló directamente con el procurador de Chiapas y le manifestó que la Federación estaba lista para apoyarlo “en lo que fuera necesario”.
“Observamos que el procurador Raciel López Salazar y sus subordinados no tienen la mínima voluntad de investigar para esclarecer el caso de desaparición forzada de nuestros padres, ya que todas sus acciones se han encaminado a retardar la detención del probable sospechoso, bajo el argumento que lo protege la delincuencia organizada, y que la Procuraduría no tiene capacidad para llevar a cabo la detención, desdeñando el apoyo que la Federación les ha ofrecido”, dijo Faustino.
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