Esta administración se encuentra en su cuarto año, y a la fecha no se conoce el sello distintivo ni la característica política que lo identifique. En todo este tiempo lo que ha sucedido como acción de gobierno es la realización de eventos en donde se acarrea a los asistentes y regularmente se les regala algo.
A la fecha se ha ejercido un presupuesto superior a los 225 mil millones de pesos, mismos que no han sido invertidos bajo una racionalidad que estimule la productividad ni la disminución de la pobreza y la desigualdad social.
Para este año 2016, el presupuesto autorizado es de 81 mil 214 millones de pesos, en donde se corre el riesgo de que se reduzcan las participaciones federales por la crisis petrolera y haya una reducción del presupuesto aprobado por el Congreso. Lo que significan dificultades mayores para la atención de las demandas de la población.
Este gobierno ha dado muestras evidentes de que su proyecto político no es Chiapas. Esto ha generado que en los tres años transcurridos exista un descuido de la gobernabilidad de la entidad y que se haya dedicado a administrar y mal los conflictos sociales, sin mostrar la preocupación de que éstos se resolvieran.
Durante estos tres años el propósito central fue la de ganar las elecciones y para eso destinó gran parte de los recursos públicos, que finalmente se tradujeron en votos pero sin legitimidad y en gobiernos municipales que tienen serias dificultades de gobernabilidad. A la vez, se financió la creación de organizaciones ligadas al Partido Verde, así como el financiamiento a la creación y fortalecimiento de partidos locales como parte de un proyecto personal que nada tiene que ver con los fines del Estado.
Como parte del proyecto político del gobernante está el fortalecimiento publicitario de su imagen hacia el exterior. Situación que resulta contradictoria al interior de la entidad, en donde se dejó de pagar los convenios a los medios locales y más porque la gobernabilidad se resquebraja en gran parte del territorio por los conflictos sociales que no se atienden y menos se solucionan.
En este sentido, el principal problema que vive Chiapas es la dificultad de construir gobierno. Y la crisis y dificultad parte del propio gabinete, que ha sido incapaz de construir políticas innovadoras y distintas a las implementadas por el anterior gobierno, que no han sido desmanteladas.
Los recursos destinados a la publicidad en el ámbito nacional e internacional, el financiamiento del Partido Verde y la creación de organizaciones de masas, de nada sirven si al interior de Chiapas no hay resultados que mejoren las condiciones sociales. Chiapas es sólo la plataforma para lo que viene y se ha descuidado que Chiapas también puede ser la tumba de las aspiraciones políticas.
El proceso intermedio del 2015, representaba un buen pretexto para renovar el gabinete e imprimir una nueva dinámica que permitiera no sólo construir gobierno, sino proporcionar sentido al proyecto político de interés del gobernante. Pero esto ya no sucedió. Los cambios han sido retrocesos y cada vez se demuestra que no hay idea ni rumbo. La administración de Velasco Coello tiene perdida la brújula y la corrupción está generalizada en las distintas secretarías.
Hasta hoy, no se ha mostrado una política social que disminuya paulatinamente la desigualdad; no existe un programa de desarrollo agropecuario sustentable; no hay creación de empleo; tampoco hay una política de conservación ambiental ni de atención a los conflictos sociales y lamentablemente se continúa con una política sistemática de violación a los derechos humanos, que tanto desprestigia internacionalmente a la entidad.
Ahora que no hay elecciones en la entidad, el gobierno se quedó sin su preocupación central y simplemente no sabe qué hacer para construir gobierno y responder a las demandas de la población. Lastimosamente no sabe en qué ocuparse.
Con información de Diario Contrapoder de Chiapas
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